El martes 8 de enero de 2008, la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) publicó un informe con la relación de los hechos más importantes ocurridos en Uruguay durante 2007 que afectaron la Libertad de Expresión, la Libertad de Prensa y el Derecho a la Información
Para APU, el 2007 fue un año en el que se registraron escasos avances institucionales significativos para la libertad de expresión y el derecho a la información en Uruguay, excepto por la aprobación de la ley que garantiza la libertad de expresión a través de medios comunitarios. La asociación reclamó y colaboró para que se promulgara la norma.
Desde el punto de vista de la gremial periodística, no obstante, siguen pendientes dos reformas claves para garantizar la libertad de expresión: una ley que garantice el acceso a la información pública por parte de todos los ciudadanos y la tramitación del proyecto de ley redactado por una comisión especial impulsada por APU para despenalizar los delitos de comunicación.
Entre los hechos negativos constatados que afectaron a los periodistas se cuentan: numerosas agresiones físicas a periodistas mientras ejercían su trabajo en la vía pública –una violación particularmente reiterada a lo largo del 2007-, amenazas de muerte, coacciones, censuras, represión antisindical, demandas civiles y penales. Al igual que en 2006 se reiteró un clima de acusaciones verbales por parte de algunos gobernantes a varios medios de comunicación, sin llegar a conformar un clima que haya afectado en los hechos la libertad de prensa.
La APU constató en algunos medios de comunicación la existencia de mecanismos de presiones y censuras que afectan directamente el derecho de la sociedad a estar informada.
También hay que señalar que el país sigue estancado en materia de acceso a la información pública. Está a estudio del senado un proyecto de ley remitido por organizaciones de la sociedad civil que, pese a tener informes positivos de los más destacados expertos en Derecho Administrativo, aún no es aprobado porque el Poder Ejecutivo solicitó al Parlamento priorizar el estudio de una ley de protección de datos personales en poder del Estado.
Mientras, el difícil panorama en materia de acceso a la información, continúa sin cambios. En 2007 la Justicia rechazó varios recursos de amparo que pretendían facilitar el acceso a información pública. En particular se destaca uno presentado por la APU para conocer el gasto en publicidad oficial de la empresa estatal Antel, que niega la información bajo el argumento de que está protegida por el secreto comercial.
En agosto el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) y APU presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el Estado por violación del derecho de acceso a la información pública del un periodista que no pudo acceder a las grabaciones o actas de la Junta Departamental de San José en las que se registró un debate sobre el gasto municipal.
Como elemento positivo hay que destacar que por primera vez en la historia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acepta y da trámite a un caso de violación a la libertad de expresión de un periodista uruguayo. Se trata del caso de Carlos Dogliani, condenado a cinco meses de prisión por divulgar información de interés público en el departamento de Paysandú, que dice relación con el manejo de los dineros públicos por parte del ex intendente Álvaro Lamas. El caso actualmente se encuentra en etapa de negociación con el Estado.
En 2007 se volvieron a registrar numerosas demandas penales contra periodistas, basadas en los delitos de difamación e injurias –cuya redacción violenta la libertad de expresión y de prensa-. Los juzgados y tribunales civiles o penales absolvieron de responsabilidad a periodistas denunciados o demandados por cumplir legítimamente su trabajo. En estas sentencias la Justicia afianzó la jurisprudencia que establece la prevalencia de la libertad de expresión sobre otros derechos fundamentales, cuando está en juego la información de interés general o la crítica a la gestión de los funcionarios públicos, haciendo caso omiso al cambio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia que en el caso Dogliani privilegió el honor sobre la libertad de expresión.
Otros hechos a destacar
Durante el 2007 también se concretaron algunas medidas de gobierno que eran viejos reclamos de la APU.
La revocación de los permisos que usufructuaba la familia Rupenian, para emitir varias frecuencias radiales, luego que se constató en un procedimiento administrativo, con todas las garantías, que defraudaron al Estado a través de maniobras con las exoneraciones tributarias que gozaban las radios del interior.
El 2007 se inició con buenas perspectivas en materia de protección de la actividad sindical y negociación colectiva, ya que se accedió a los beneficios de la ley de fuero sindical. De todos modos, sobre todo en el interior del país, se volvieron a registrar episodios de represión sindical y de despidos masivos en algunos medios.
Cabe destacar especialmente que la APU promovió y negoció los primeros convenios para el pago de derecho de autor por el segundo uso del trabajo de los periodistas en los tres sectores: radio, televisión y prensa. Ya se comenzaron a cobrar los derechos sobre los dos primeros sectores y se negocia en el tercer sector. Asimismo los periodistas de los tres sectores generaron la asociación civil Autores Periodísticos del Uruguay (APU), la primera unidad de gestión de derechos autorales del periodismo nacional.
